El lado Oscuro

By 14 agosto, 2017Blog

Llevamos unos años asistiendo al progresivo avance de la justicia sobre las formas de hacer corruptas de muchos dirigentes empresariales. Cada día las portadas de los periódicos e informativos de televisión nos muestran nuevos zarpazos de las fuerzas del orden ante conductas reprobables de dirigentes sin escrúpulos, para los que el dinero lo justifica todo. Y esa lucha está muy bien, pero es claramente insuficiente. Por cada actuación policial que se lleva a cabo hay decenas de casos de empresarios que llenan sus bolsillos con dinero procedente de cajas B, que incumplen normas en materia de contratación de trabajadores, de seguridad laboral y en muchos otros ámbitos. Pero no nos engañemos: sólo una pequeña parte de los casos, quizás los muy relevantes o abusivos, se convierten en actuaciones policiales;  el resto pasan desapercibidos por falta de medios para combatirlos.

La lucha de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal es cada vez más potente, porque se ha dotado de medios para ello. La Justicia cuenta con unidades especializadas de apoyo, como la UDEF o la UCO. Pero hay infinidad de organismos públicos que no pueden velar por la salud del sistema económico porque carecen de los medios elementales para ello.

Los incumplimientos empresariales más evidentes se pueden dividir en dos tipos: aquellos que afectan únicamente al empresario y aquellos otros en los que se ven afectados derechos de los trabajadores.

Entre los primeros, las cajas B son la práctica más habitual: realizar ventas opacas al fisco, ventas cuyo registro se oculta en la actividad diaria. Probablemente sea uno de los fraudes más comunes, y quizás de los más difíciles de detectar por las autoridades, porque resulta imposible controlar la gran cantidad de operaciones que las empresas realizan cada día. Otros tienen que ver con el incumplimiento de normas administrativas: falta de licencias, inaplicación de normativa de seguridad o urbanística, etc. La mayor parte de estos casos tardan años en detectarse y combatirse, por cuya razón muchos empresarios son de la opinión de que saltarse la ley sale barato, prefiriendo incumplir y, si les pillan, pagar la multa. Por el camino habrán transcurrido varios años, durante los cuales se habrán ahorrado importantes cantidades de dinero. Estas actitudes, impresentables pero frecuentes, se apoyan en el hecho de que los organismos públicos que regulan la actividad económica apenas tienen desarrollados cuerpos de inspección y control.

Entre los segundos la casuística es de lo más variada: nos encontramos con el empresario que cursa el alta de un trabajador con un salario inferior al que realmente abona, pagando el resto de forma opaca; con el que hace un contrato parcial pero cuyo titular hace jornadas completas; con el que no declara las horas extras de su plantilla, o las camufla entre partidas no cotizables… Los organismos de control de la seguridad social apenas cuentan con medios para detectar este tipo de fraudes, por lo que sólo en caso de denuncia se investigan. Les pongo un ejemplo: a lo largo de mi vida profesional, y son muchos años, jamás la empresa en la que yo estaba recibió una visita sorpresa de un inspector laboral. Y sólo en una ocasión, que yo recuerde, se tuvo que acudir a los servicios de inspección para entregar documentación laboral tras un requerimiento.

Aunque pueden existir incumplimientos basados en el desconocimiento de ciertas normas, lo normal es que casi todos respondan a un mismo patrón: la voluntad defraudadora de muchos empresarios, que conscientemente ignoran las normas más elementales para enriquecerse de forma fraudulenta. Y no deja de ser llamativo que muchos de estos empresarios, además, presuman de ello.

Ante este desolador panorama no hay mucho que se pueda hacer a corto plazo, aunque se me ocurren algunas cosas sobre las que actuar de manera inmediata y contundente, con el fin de que nuestra sociedad finalmente revise sus criterios de actuación:

  • La lucha de las administraciones públicas contra el fraude debe ser un objetivo prioritario. No podemos quedarnos en que pagar las multas sea más barato que cumplir las normas. El delito debe salir necesariamente caro!.
  • Nuestros jóvenes, futuros empresarios y directivos, deben comprender, sin tibieza ni medias tintas, que el camino correcto, el único posible, es el del respeto a la ley. Debemos ser capaces de construir un sistema educativo en el que los valores humanos prevalezcan desde el minuto cero: desde el hogar, desde los jardines de infancia, durante la escuela y la universidad. Sólo transformando profundamente la forma de pensar de nuestra sociedad podremos garantizar la honestidad de nuestras empresas. El tramposo no nace, se hace!.
  • En el plano formativo, las universidades y las escuelas de negocios deben impartir a los jóvenes formación orientada al cumplimiento ético, a la responsabilidad social. Una juventud sin conciencia social no puede tener cabida en el mundo de los negocios. Y la responsabilidad de que eso no suceda la tienen los educadores, transmitiendo valores de integridad personal, respeto por las personas y cumplimiento legal. Formar conciencias debe ser tan importante como enseñar contabilidad.

En los últimos años hemos descubierto, con estupor creciente, una enorme colección de códigos clave relacionados con la corrupción: Operación Púnica, Operación Soule, Operación Eolo, Gürtel, Lezo… Nuestra sociedad parece vivir en un permanente plató de cine, asistiendo a casos dignos de cualquier guión de Hollywood. En nuestras manos está acabar con la sensación de podredumbre normalizada y aceptada en la que vivimos. La honestidad y la educación en valores son las claves que debemos potenciar si queremos construir una sociedad más justa. Es muy simple: se trata de #hacerlascosasbien.

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